Competencia
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en ejercicio de su compromiso permanente dedotar a los parlamentos miembros de herramientas legislativas efectivas, y ante los desafíos crecientes asociados al fenómeno migratorio en la región, creó la Comisión Temporal sobre Migración en diciembre de 2024, por acuerdo de la XXXVIII Asamblea Ordinaria.
Esta Comisión tiene como antecedente directo el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Migración, también creado por acuerdo de la Asamblea en 2022, con el objetivo de establecer una hoja de ruta común para abordar la crisis migratoria regional desde una perspectiva integral y de derechos.
La movilidad humana es un hecho histórico, actual y estructural en America Latina y el Caribe. En los últimos años la región enfrenta flujos migratorios masivos cada vez más complejos, caracterizados por la irregularidad, la vulnerabilidad extrema y la exposición a una enorme cantidad de riesgos que ponen en peligro la vida y la dignidad de millones de personas migrantes.
La Comisión Temporal de Migración del Parlamento Latinoamericano y Caribeño fue establecida con el mandato de atender los fenómenos migratorios que afectan principalmente a las mujeres, niños, niñas, hombres y adultos mayores en situación de desprotección. Cuando la migración ocurre al margen de los canales legales deriva en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Al margen de la ley y de la necesaria acción coordinada entre nuestros estados, proliferan redes de tráfico ilícito de migrantes ytrata de personas que lucran con la desesperación, y multiplican la violencia al servicio de la explotación sexual y laboral, y otras formas de abuso.
Desde el PARLATINO corresponde impulsar marcos legales que garanticen una migración segura, ordenada y regular, que proteja la dignidad humana y asegure un tránsito sin riesgo. Esto exige que los gobiernos asuman, junto a los poderes legislativos, el compromiso de diseñar y ejercer políticas públicas efectivas con enfoque de derechos humanos.
El rumbo de esta comisión es inequívoco; generar marcos normativos armonizados, que fortalezcan los mecanismos de protección regional y proponer a los Parlamentos estrategias concretas. Esas estrategias deben y pueden articularse con los gobiernos para que migrar deje de ser sinónimo de arriesgar la vida o renunciar a derechos fundamentales. Una migración segura, digna y con derechos no es una opción; es un deber de los Estados.
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