XI Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos
Quito, 9 de Julio 2009 – Durante las sesiones de la XI Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos, el senador mexicano Alfredo Rodríguez y Pacheco disertó sobre el tema la Ley Marco para Personas con Discapacidades, destacando que el Estado debe proteger a este grupo con políticas públicas orientadas a la prevención y garantía de sus derechos.
La ley, que ya ha sido incorporada por varios países a su legislación, consta de 22 artículos, contiene todos aquellos aspectos que afectan a las personas con discapacidades y abarca a las áreas de cultura, educación, accesibilidad, justicia.
Señaló que alrededor de 600 millones de personas en el mundo sufren de discapacidades y, en América Latina, son aproximadamente 50 millones, al enfatizar que los contenidos de la Convención Internacional Amplia e Integral para la Protección y Difusión de los Derechos y la Dignidad de las Personas y su Protocolo Facultativo de los Discapacitados se aprobó el 13 de diciembre de 2006, implica que para los países que lo ratifiquen tendrá el carácter de obligatorio y se someterán a vigilancia.
La convención obliga a los estados a dotar de acceso a los espacios físicos, de asistencialismo; busca establecer igualdad en el acceso de oportunidades en la salud, educación, empleo, desarrollo político, económico y social.
Ley Marco
Su objetivo es promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, a efecto de permitir su plena inclusión y efectiva en la sociedad.
Determina que los estados deben garantizar en todo momento a las personas con discapacidades, estableciendo el respeto a la dignidad humana; la autonomía individual; la no discriminación; la participación e integración plena y efectiva en la sociedad; el reconocimiento y respeto de las diferencias; la igualdad de oportunidades; el desarrollo de los niños y las niñas; así como, el derecho de preservar su identidad; el respeto y disfrute del derecho a la vida; la eliminación de prácticas clientelares, electorales o paternalistas.
El Estado será responsable de fijar políticas públicas, celebrando convenios en los que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidades, otorgar estímulos fiscales a personas que realicen acciones a favor de este grupo.
Trabajo Infantil
Manuel García, Coordinador para Sudamérica de Proyecto de Trabajo Infantil, al abordar el tema “trabajo infantil”, destacó la situación latinoamericana, en la que, dijo, la sociedad no protege a los niños y son explotados en actividades por debajo de la edad mínima.
Explicó que hay tareas realizadas por los niños, niñas y adolescentes que son adecuadas para su edad y para su grado de madurez, normalmente de ayuda familiar, no remuneradas, mediante las cuales aprenden a asumir responsabilidades, adquieren aptitudes y experiencias, por lo que al tiempo que ayudan a sus familias, esas actividades no interfieren en su desarrollo ni obstaculizan su normal asistencia a la escuela.
El trabajo infantil priva a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, limita sus derechos y es nocivo para su desarrollo físico y mental, moralmente perjudicial o dañinas desde el punto de vista físico, psicológico o social; interfiere con su escolarización, porque le privan de la posibilidad de ir a los centros educativos y le exige combinar la asistencia a clases con largas jornadas de trabajo pesado, dijo.
Puntualizó que la OIT se creó como una organización tripartita que está integrada por trabajadores, empleadores y gobierno, y es un organismo generador de normas para regular en un marco de derechos y de justicia social las relaciones de trabajo en el mundo, mismo que estableció convenios internacionales fundamentales, en los que se determina, entre otros, no al trabajo infantil.
Se debe crear leyes para proteger al trabajador informal
La XI reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos abordó el tema de la Formalización del Trabajo, a través de la diputada Rosario Ortiz, de México.
La mesa, presidida por el diputado uruguayo Daniel García Pintos, e integrada por los representantes de las Antillas Neerlandesas, senadores Anthony Nicolás y Dwigno Puriel; por México, los diputado Patricio Flores Sandoval, Rosario Ortiz Magallón y el senador Alfredo Rodríguez Pacheco; por Bolivia, José Felipe Oña, a la cual se incorporaron por Ecuador las asambleístas Betty Amores, presidenta de la Comisión de lo Laboral, Amanda Arboleda y Soledad Vela.
La diputada Rosario Ortiz, en su ponencia, subrayó que el trabajo informal es una conceptualización de una actividad económica que contribuye al desarrollo de nuestros países, que sin embargo no está reconocida bajo una legislación que garantice las prestaciones sociales que cada Constitución o las leyes otorgan al conjunto de los trabajadores.
De ahí que, para rescatar los conceptos que se ubican en este tema, recomienda considerar lo expresado por la Organización Mundial del Trabajo, el Banco Mundial, entidades que han colocado las políticas laborales en el análisis, para enfrentar problemas como este que lo tienen todos los países y que van en un alarmante ascenso.
El trabajo informal se ubica en los sectores de más baja productividad, de menor manejo tecnológico, pero se ha colocado en un espacio de la economía. Este tipo de actividades no están sujetas a legislación alguna, por lo que dentro de la protección social se debería trabajar en los derechos que les corresponde.