CARACAS (AFP) — El Estado venezolano posee a partir del martes más del 90% de la industria cementera nacional, después de que el presidente Hugo Chávez decretara la expropiación de la mexicana Cemex y se llegara a un acuerdo amistoso con la francesa Lafarge y la suiza Holcim.
El lunes a medianoche, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, acompañado de trabajadores y partidarios del gobierno tomó simbólicamente el control de una planta de Cemex en el este del país. Lo mismo sucedió en otras plantas de Venezuela.
“Se activa a partir de este momento un decreto de expropiación y la estabilidad laboral de los trabajadores está garantizada por el Estado venezolano (…) Más allá del interés comercial se impondrá el interés de los venezolanos”, afirmó Ramírez.
Horas antes, el gobierno pagó un total de 819 millones de dólares por el 89% del capital de Lafarge (267 millones de dólares) y el 85% de Holcim (552 millones), con las que se llegó a acuerdos amistosos.
Según Ramírez, el Estado venezolano pasa así a tener “cerca del 90% del control del mercado de cemento” nacional, cuya estatización se anunció el pasado abril.
A partir de este martes, cuando Chávez firme el decreto de expropiación, un grupo de peritos debe calcular el valor de la empresa y si no se llega a un acuerdo en 60 días, se recurrirá a un arbitraje judicial.
“Creo que hay un margen de negociación todavía. No creo que estemos en un punto de no retorno. A Cemex no le conviene”, explicó a la AFP Asdrúbal Oliveros, responsable de la firma Ecoanalítica.
La nacionalización de la industria cementera en Venezuela se justifica, según el gobierno, por el déficit de viviendas en el país.
El promedio de construcción de casas varía entre 40.000 y 50.000 por año desde 2004 mientras que la demanda se ubica en unas 100.000 por año, según fuentes del sector.